La saturación en las oficinas del INM en Polanco ha derivado en un mercado ilegal de lugares en la fila, donde grupos acaparan espacios desde la madrugada y los venden ante la omisión de autoridades. A ello se suma la falta de respuesta de este órgano gubernamental ante la demanda diaria de trámites.
por Daniel Flores| Reporte Indigo | 08 de Abril de 2026 00:06 hs. El personal de las oficinas del Instituto Nacional de Migración (INM), en la Ciudad de México, se encuentra rebasado debido al gran número de solicitudes que se reciben a diario, para trámites migratorios como de residencia. Esta situación ha transformado un proceso administrativo en un circuito de abusos, informalidad y corrupción.
Al exterior de este inmueble, ubicado en una de las colonias más exclusivas de la capital mexicana, decenas de personas se han apropiado de la vía pública para convertir las filas en un negocio que les genera miles de pesos.
Se trata de grupos que pernoctan en las inmediaciones del INM —cuyo actual director es Sergio Salomón Céspedes Peregrina— a la vista de todos, incluidas autoridades locales y federales. Desde ahí, con sillas, casas de campaña y hasta listas improvisadas, monopolizan los espacios y los venden a quienes llegan a esta institución en busca de resolver un trámite.
Desde las 2 de la mañana, distintos grupos se adueñan de varios metros de la avenida Ejército Nacional y de la calle Séneca, en la colonia Polanco, donde se forman las filas de quienes acuden a resolver trámites en el Instituto Nacional de Migración.
La Unidad de Investigación de Reporte Índigo acudió a este inmueble en diferentes días para confirmar el modus operandi de estas personas que cobran por los lugares que apartan desde la madrugada.
Hombres y mujeres de entre 25 a 40 años desfilan en los alrededores del inmueble desde las primeras horas del día. Colocan sillas, bancos y hasta cajas de cartón para apartar lugares. Incluso casas de campañas para acaparar más espacio sobre la calle Séneca.
Lugares que conforme avanza la madrugada se ofertan desde 500 pesos o hasta en mil 500 si son los primeros espacios. Para quienes pagan, son ingresados a la fila a discreción. Se contabilizaron hasta más de 60 lugares ya apartados y aún no eran ni las cinco de la mañana.
Es así que, quienes llegan desde la madrugada —o incluso desde la noche anterior— se encuentran con una fila ya “administrada”. Para avanzar, deben pagar. Y si no, esperar durante horas o regresar otro día porque el Instituto no tiene la capacidad para dar atención a todos los que reciben.
Por ejemplo, se documentó que entre semana, los usuarios comienzan a llegar desde las 3:00 de la mañana —en su mayoría extranjeros— y se forman de inmediato detrás de las sillas y casas de campaña instaladas previamente. Sin que nadie proteste o se inmute.
Así, seis horas antes de la apertura de las oficinas —a las 9:00 horas—, la fila ya alcanzaba las 100 personas y seguía creciendo conforme avanzaban los minutos. En taxis y vehículos particulares arribaron decenas de usuarios de distintas nacionalidades en busca de atención en el INM.
“Ya es la cuarta vez que vengo al Instituto Nacional de Migración; si no es una cosa, es otra. Nos han regresado por detalles mínimos, como las copias, y eso implica volver, pagar un taxi y pasar horas aquí, solo para ver si puedes ingresar”, sostuvo una extranjera de nacionalidad española.
Y el negocio no termina ahí. A los migrantes también se les vende “comodidad”, es decir, la renta de bancos, espacios para sentarse, acceso a agua o incluso resguardo temporal. Todo tiene precio y todo es ofertado en medio de la oscuridad de la madrugada.
‘Un gran negocio… con funcionarios involucrados’
Javier Urbano Reyes, profesor e investigador del Departamento de Estudios Internacionales en la Universidad Iberoamericana fue contundente: este tipo de prácticas no podrían sostenerse sin la participación —directa o indirecta— de las autoridades y de funcionarios.
“Que una persona pueda pagar 10, 20 o 30 dólares por agilizar un trámite o avanzar en la fila eso hace un gran negocio, pero no solo de quienes están afuera, sino de los funcionarios que se dejan cooptar”, sentenció en entrevista.
El especialista en migración y desarrollo afirmó que estas redes operan bajo esquemas conocidos, es decir, intermediarios que conectan a los migrantes con funcionarios corruptos. Tal como sucede en el Instituto Nacional de Migración.
“En todo centro de atención a migrantes, o de ayuda de este tipo, siempre hay un mediador, y ese mediador suele ser un funcionario corrupto que se deja cooptar a cambio de dinero. Evidentemente, el apartado de sillas y la venta de lugares es solo la punta del iceberg de un problema estructural”, reiteró.
El académico afirmó que existe una colaboración directa entre funcionarios y ciudadanos que fungen como “coyotes” para entorpecer la movilidad de quienes acuden a este lugar en busca de resolver algún trámite o situación.
“Que la gente de zonas como Polanco reclame que no puede tener a estas personas en esas condiciones también evidencia la falta de gestión institucional”, sostuvo Javier Urbano.
Este diario solicitó una postura a la alcaldía Miguel Hidalgo para conocer si se ha aplicado algún operativo para inhibir a estos grupos de personas, aunque comunicación social no dio respuesta hasta el momento.
Rebasados y sin capacidad de respuesta
El método que han empleado estos grupos de personas para apoderarse de los lugares a las afueras del INM ha empeorado la burocracia en este órgano administrativo desconcentrado del Gobierno federal.
De acuerdo con especialistas en migración y organizaciones civiles, las acciones de las personas que se concentran desde las primeras horas de la mañana para ralentizar el acceso a las instalaciones han agravado el rezago que ya existe desde hace tiempo.
Para Lorena Cano, coordinadora de la Clínica Jurídica del Instituto para las Mujeres en la Migración (IMUMI), lo que ocurre a diario afuera del Instituto Nacional de Migración de la Ciudad de México no solo es irregular, sino también ilegal.
“Estas filas han empezado a formarse desde la madrugada… pero el problema no es la gente, es la falta de organización institucional. Es ilegal esa venta de espacios a todas luces y mucho tiene que ver la falta de actuar del INM” acusó Lorena Cano.
Para la coordinadora del IMUMI, lo que viven decenas de personas al exterior de este inmueble refleja condiciones de vulnerabilidad, pues llegan a esperar más de 10 horas en promedio para ser atendidas por un servidor público; en caso de que alcancen turno, de lo contrario, tienen que volver otro día y formarse más temprano.
“Hay mujeres solas, con bebés en carriolas, expuestas durante horas. El Instituto Nacional de Migración sostiene que lo que ocurre afuera de sus instalaciones no le corresponde, pero qué fácil es decir eso”, lamentó.
Hay grupos que llevan a pakistaníes o colombianos
Las dinámicas de control en las filas para realizar trámites migratorios en la Ciudad de México han escalado a niveles de discriminación y segmentación por nacionalidad.
De acuerdo con testimonios y especialistas, estos grupos que operan en el exterior de oficinas públicas no solo administran los espacios, sino que también establecen cobros diferenciados según el origen de las personas.
“Identifican a personas por su nacionalidad —pakistaníes, colombianas— y a partir de eso gestionan los espacios o los cobros”, denunció Lorena Cano.
Situación que comprobó la Unidad de Investigación de Reporte Índigo al formarse en estas filas durante varias horas, donde llegaron personas de distintas nacionalidades y a quienes se les cobró para incorporarlos a la fila.
Una práctica, advierten organizaciones civiles, no solo profundiza la desigualdad en el acceso a servicios, sino que también abre la puerta a actos de discriminación y abuso para todos aquellos que buscan ayuda migratoria.
Por ello, organizaciones como IMUMI hicieron un llamado a las autoridades a diseñar medidas urgentes que garanticen un acceso equitativo a los trámites migratorios, así como a investigar y sancionar cualquier forma de discriminación o corrupción vinculada a estos procesos.
Aumentan cuotas y se deslindan
Para María Guadalupe Durán Alvarado, profesora de Derecho Internacional en la FES Aragón de la UNAM, el fenómeno que se vive en el Instituto Nacional de Migración es resultado de una falla estructural que viene desde hace años.
“Se dieron cuenta de la poca capacidad de admisión que tiene el Instituto Nacional de Migración, y ahí comenzó toda la corrupción y venta de lugares”, sostuvo.
De acuerdo con la académica, la venta de lugares en los alrededores de este inmueble han ido en aumento en los últimos años y a ojos de las autoridades de todos los niveles.
“La tarifa empezó en 200 pesos, pero ha ido escalando dependiendo de la necesidad de las personas. Esto es una burla para las autoridades, que este fenómeno de corrupción avance de esta manera”.
Un problema visible… sin solución
A pesar de este problema y las denuncias de las personas que asisten a esta instalaciones, el Instituto Nacional de Migración sigue sin pronunciarse al respecto, muchos menos ha aplicado operativos para inhibir esta práctica ilegal.
Un problema que ha dañado la imagen del INM. Por ejemplo, en el sistema de reseñas de Google Maps, el usuario Arne aus den Ruthen, criticó la operación de la oficina ubicada en Polanco, y calificó como decepcionante su experiencia, tras señalar que el instituto suspendió actividades con motivo del Día de la Virgen de Guadalupe a finales del año pasado.
“La experiencia en el Instituto Nacional de Migración de Polanco, en Ejército Nacional, es francamente decepcionante. El Instituto cerró por el Día de la Virgen de Guadalupe, lo cual resulta inaceptable en un país cuyo marco constitucional establece con claridad que México es un Estado laico”, escribió hace tres meses.
Quien fuera el City Manager en la alcaldía Miguel Hidalgo, denunció un trato inadecuado por parte del personal encargado de brindar información.
Según su testimonio, los agentes —incluidos quienes portan uniforme— se conducen de manera “grosera, prepotente y altanera”, sin mostrar disposición para orientar a los usuarios ni facilitar los trámites.
“En lugar de orientar y facilitar trámites, parecen más interesados en incomodar y desalentar a las personas. Un organismo federal debería operar con profesionalismo, legalidad y respeto, no con arbitrariedad ni desprecio al ciudadano”, concluyó.
La mayoría de reseñas escritas en este sistema se refieren al actuar de los funcionarios, a los malos tratos que reciben y lo caótico que es asistir para un trámite.
